Los sindicatos acusan a Urkullu de incumplir la ley por subir la RGI sólo un 1,5%

ELA considera que la decisión del Ejecutivo autonómico muestra su voluntad de «tirar a la baja las prestaciones sociales y los salarios». Su responsable de Política Social, Mikel Noval, considera «muy grave» que la principal justificación dada para tomar esa medida haya sido la de «incentivar el empleo». Tras criticar que para el Gobierno «tener prestaciones sociales más altas supone desincentivar el empleo», ha afirmado que «eso es un eufemismo, porque tener prestaciones sociales mejores lo que desincentivaría, en su caso, es el empleo precario, con bajos salarios». A su juicio, la Administración de Vitoria «sigue apostando por extender la pobreza» con actitudes de este tipo y con el mantenimiento del recorte del 7% en la cuantía de la RGI aprobado en 2012 por el Gabienete de Patxi López, en plena crisis económica. Además, ha recordado a Urkullu que la ley establece que la RGI debe ser el 88% del salario mínimo.

LAB también cree imprescindible mejorar un 8% la ayuda social este año y recuperar el 7% de 2012. El sindicato abertzale ha reprochado al lehendakari que aproveche un «resquicio legal» del real decreto del Gobierno de Rajoy que aumentó el salario mínimo para no aplicar el alza del 8%. «Consideramos imprescindible la aplicación inmediata de la subida para poder hacer frente a la pobreza y precariedad que se están extendiendo en la sociedad vasca», ha sostenido.

Un incremento «asumible»

CC OO entiende que el Gobierno vasco «estará incumplimiento una norma» si no traslada el incremento a la RGI el incremento del SMI, según ha manifestado su secretaria de Empleo y Formación, Loli García. «Entendemos que el Gobierno vasco no puede obviar la actualización porque la ley que regula la RGI así lo dice al vincular la cantidad de la renta a un porcentaje sobre el salario mínimo, no sobre otra cantidad», ha subrayado.

En similares términos se ha expresado el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, quien ha reclamado un debate «con serenidad» sobre esta ayuda social; «no solo su cuantía económica, sino respecto al objetivo para el cual nació la RGI, que era poder devolver al trabajo a aquellos perceptores que sean desempleados». «No entendemos que a la mitad del partido se cambien las reglas. ¿dónde estaba el Gobierno vasco en los años en los que el SMI se congelaba y sí había una subida del IPC?», se ha preguntado.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos han vuelto a criticar la medida. La parlamentaria de la izquierda abertzale Nerea Kortajarena ha acusado a Urkullu de «vulnerar y desobedecer» la normativa que él mismo votó y que el Parlamento vasco aprobó. Además, ha culpado al lehendakari de estar «alimentando la campaña que el PP puso en marcha para criminalizar a las personas perceptoras de la RGI reforzando su discurso malicioso que las presenta como vagas y vagos que se dedican a defraudar».

Elkarrekin Podemos, por su parte, también ha opinado que «no es de recibo» que se recorte a los que más lo necesitan. Su parlamentario Jon Hernández ha mantenido que el incremento de la RGI en un 8 %, que supondría unos 30 millones de euros al Gobierno vasco, es «asumible».