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Ernesto Martínez de Cabredo.
El director de la Agencia Vasca del Agua está vinculado a siete empresas

El director de la Agencia Vasca del Agua está vinculado a siete empresas

Martínez de Cabredo, exgerente de la constructora Amenabar, fue fichado hace dos meses por el Departamento de Medio Ambiente, que controla el PSE

Octavio Igea

Miércoles, 22 de febrero 2017, 00:34

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Ernesto Martínez de Cabredo, director general de la Agencia Vasca del Agua (URA), sigue vinculado a los consejos de administración de siete empresas privadas dos meses después de tomar posesión de su nueva responsabilidad como alto responsable del Gobierno autonómico, una situación prohibida expresamente en la ley que regula la conducta y los conflictos de intereses de los cargos públicos. La «irregularidad» ha sido denunciada por el PP, que forzó ayer la comparecencia de Martínez de Cabredo en el Parlamento para dar explicaciones, y censurada por toda la oposición. El máximo responsable de URA reconoce la situación y asegura que ya ha renunciado a los puestos, pero su cese no se ha hecho efectivo. «He pedido que desaparezca mi nombre, pero no lo han hecho por falta de tiempo o por lo que sea».

Martínez de Cabredo llegó en diciembre a URA aupado por el nuevo consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola. Procede de la constructora Amenabar, una de las más importantes del territorio, donde desempeñaba el cargo de gerente. Según lo establecido en el código ético que se aplica a los altos cargos de la Administración vasca desde 2014 para fomentar la transparencia y evitar las puertas giratorias, disponía de un mes para adherirse al reglamento de buenas conductas y presentar la documentación oportuna. Los responsables públicos deben tener «dedicación exclusiva» y «retribución única». La ley también establece que deben inhibirse durante dos años en procesos en los que estén implicadas sus antiguas empresas e incluso en los que puedan beneficiarse los intereses de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos).

Además del PP, que va a solicitar «más explicaciones» al Gobierno vasco, la situación también fue criticada por el resto de partidos de la oposición. «No ponemos en duda la honorabilidad del director de URA pero es un ejemplo del proceso sistemático de puertas giratorias», lamentó José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos). «Éticamente es comprometido, por muy legal que sea todo», añadió Mikel Otero (EH Bildu). «Hice todo lo que se me requería, he llegado limpio», respondió ayer el director general de URA durante su comparecencia en la Cámara de Vitoria.

«Insistiré»

El Registro Mercantil confirma que Martínez de Cabredo sigue vinculado a siete empresas relacionadas con la ingeniería civil, los negocios inmobiliarios y la asesoría empresarial. Es, por ejemplo, apoderado en Mantenimiento de Infraestructuras S.A., secretario en Peam Obras y Proyectos S.L., administrador único de Velinolis XXI S.L. y presidente del consejo de administración en Zuribar S.L. Su nombre también aparece relacionado con otras dos firmas que se encuentran en proceso de liquidación. «La situación es cuando menos sorprendente», lamentó la parlamentaria popular Mari Carmen López de Ocáriz, «cuando menos ha fallado el protocolo del Gobierno vasco para controlar que se cumple el código ético. ¿Nadie comprueba los datos?».

Consultado por la situación, Ernesto Martínez de Cabredo aseguró ayer a este periódico que su participación en diferentes consejos de administración está vinculada «exclusivamente» al alto cargo que ostentaba en Amenabar. «Siempre he acudido en representación de la firma para la que he trabajado durante 22 años, pero desde que me desvinculé a finales del pasado año no participo en nada», subrayó. El director general de URA solicitó una excedencia a la constructora «en noviembre», días antes de acceder a su cargo público, «y entonces ya solicité que me dieran de baja de los consejos». Algo que aún no ha pasado. Fuentes jurídicas consultadas reconocen que el proceso de «borrado» puede durar «algunas semanas», dependiendo de la frecuencia con la que se reúnan los correspondientes órganos directivos, pero no casi dos meses. «Voy a insistir en que se borre», confesaba el implicado, «porque no quiero que haya ninguna duda de la situación. Espero que en menos de un mes todo se haya solucionado».

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