El CSN avala la reapertura de Garoña a cambio de nuevas mejoras de seguridad

Un mes se tomará ahora el Consejo del CSN -un órgano político dominado por tres consejeros del PP frente a dos del PSOE- para adoptar la decisión de impulsar o no la reapertura de la central burgalesa. Ese es el tiempo, cuatro semanas, que el pleno necesitará para analizar los más de 160 informes en los que se detalla una por una las inversiones y mejoras que serían necesarias en la instalación nuclear antes de su nueva puesta en marcha.

Una prórroga quizás larga

Muchas de ellas comenzaron a realizarse en 2012, antes incluso de su cierre unilateral casi al final de aquel año, una clausura que costó a sus propietarios una multa de 18 millones de euros. Los trabajos realizados resultaron ya entonces insuficientes. A la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias internacionales tras el accidente de Fukushima se sumó el desencuentro entre el Gobierno central y las eléctricas a cuenta de los nuevos impuestos a los residuos nucleares, que se superó -como otros escollos- con una artimaña legal.

2015 parecía ser la fecha para tomar una decisión definitiva. Pero tampoco lo fue. En parte porque no acababa de terminarse el informe del CSN. Pero llegados a ese punto, la industria comenzó a mostrarse interesada por prolongar la vida útil de la central hasta los 60 años. Garoña es una instalación pequeñita, que produce apenas el 1% de la energía eléctrica que se consume en toda España, pero la vista está puesta en los peces gordos. Pronto habrá que decidir también sobre el futuro de Almaraz I, Almaraz II y Vandellós.

Endesa e Iberdrola tienen la mente puesta en 2031, y el documento emitido ahora no incluye, por primera vez, una fecha de caducidad. En esta ocasión ya no se habla de cinco o diez años, sino que simplemente no se aborda la cuestión, según la información a la que ha tenido acceso EL CORREO. Curiosamente, los más de 160 informes redactados no han reservado ni una sola línea para indicar hasta cuándo sería adecuado prorrogar la licencia. De este modo, esa decisión quedaría en manos del Ministerio de Industria.

La mayoría parlamentaria del Congreso reclamó a finales de noviembre la clausura definitiva de Garoña, pero la Cámara baja ya no tiene nada que decidir al respecto. Falta por ver si el Gobierno de Mariano Rajoy apuesta por una decisión contraria a la mayoría del Parlamento.