Dos trabajadores, especializados en trabajos en vertical, completan las labores de asentamiento de la ladera de La Atalaya.

La contratación de las obras de La Atalayay Las Eras de Haro acaba en los tribunales

haro 10/02/2017 12:43 |0

El Juzgado admite a trámite el recurso presentado por Zut contra el acuerdo por el que el Consistorio anulaba el proceso

El proceso de contratación de las obras de estabilización de las laderas de La Atalaya y Las Eras, plagado de imprevistos, defectos de forma y convocado hasta en tres ocasiones, acaba, tal y como avanzó este medio, en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Logroño admite a trámite el recurso presentado por la empresa Trabajos Especiales ZUT contra el acuerdo de junta de gobierno por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto, previamente, contra el desistimiento de la Administración local que anuló la segunda licitación al asumir que se había cometido un «error no subsanable» durante la apertura de las plicas presentadas a concurso, entendiendo que dos de ellas «deberían haber sido excluidas del procedimiento» antes de la apertura del sobre que contenía las ofertas económicas, aunque la alcaldesa de la ciudad tratase de maquillar la cuestión asegurando en rueda de prensa que se hacía para elevar el nivel de seguridad y garantía final del proyecto.

La decisión del equipo de gobierno, que acarreó la convocatoria de una tercera licitación, al haber anulado ésta, que era la segunda, no atendió ninguno de los argumentos esgrimidos por Zut que defendía la solvencia de su propuesta técnica, en contra de lo apuntado por el redactor del proyecto que alertaba, por el contrario, sobre un supuesto «incumplimiento de las prescripciones técnicas», después de la apertura de los sobres ‘C’ e invalidando por ello todo el proceso.

Éste, venía a resumir el texto de la resolución suscrita por la cúpula municipal, defendía en términos eminentemente técnicos que «el valor de resistencia a punzonamiento de la malla propuesta» por la firma de Arrakundiaga «es de 19,584 nudos (kN), inferior al exigido en el proyecto que es de 70 nudos (kN); que «la resistencia a tracción directa de la malla de triple torsión 8x10-16/2,70 milímetros de 350-550 Mpa (unidad de presión), según la documentación aportada por el licitador, es de 50 nudos (kN) por metro, tres veces menor a la exigida en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto»; y, en última instancia, que «los valores de resistencia a punzonamiento y tracción directa longitudinal de la malla propuesta por Trabajos Especiales Zut incumplen lo especificado (...) por lo que no se puede garantizar el grado de estabilidad de las laderas requerido en el proyecto aprobado».

Fuera de ese ámbito, un tanto farragoso para los profanos en la materia, y en clave administrativa y legal, la empresa vizcaína advirtió en sus alegaciones que «no se puede hacer referencia a casas comerciales suministradoras de productos en los proyectos». Pero la respuesta del órgano ejecutivo municipal, aún aceptando que el pliego podría «parecer orientado a los productos de la casa Geobrugg, según lo alegado», también consideraba que había «otras opciones que cumplen y son válidas.

De nada sirvió, igualmente, la referencia final a un hecho que llamó enormemente la atención de los recurrentes. Éstos aludieron a la adjudicación del contrato a Geogrugg, siendo la única de seis licitadores que «prácticamente no hizo baja económica».

La respuesta recibida señalaba, en concreto, que no se había producido «ninguna adjudicación a ninguna empresa, sino que, tal y como se señala en el acuerdo notificado, el Ayuntamiento ha optado por desistir del procedimiento, sin adjudicar el contrato a ningún licitador por haberse producido un error no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación (...) dado que tanto Solutioma como Zut deberían haber sido excluidas de la licitación tras la apertura del sobre ‘B’ al no cumplir el proyecto presentado y su solución técnica con el proyecto del Ayuntamiento».

Inicio del procedimiento

El Juzgado, que requerirá al Ayuntamiento para que remita todo el expediente «a que se refiere el acto impugnado» en el plazo de veinte días, se encargará, pues, de resolver el dilema que enfrenta a la Administración jarrera y a la empresa, decidida a demostrar que cumplía con todos los requisitos técnicos exigidos y el proceso de adjudicación podía haberse cerrado en la segunda convocatoria.

Porque antes y después también hubo licitación, y en ambos casos se produjo un giro insospechado que acabó envolviendo esta actuación en la polémica, como demuestra el hecho de que haya terminado ante los tribunales.

Al anunciarse la primera, por unos 200.000 euros, fue una de las empresas interesadas en la ejecución de los trabajos la que advirtió al Consistorio riojalteño de que los precios fijados por el propio redactor del proyecto estaban «desfasados» y hubo que volver a reiniciar el proceso, después de encargarle a éste que los actualizase.

El resultado final de esta fallida intentona se tradujo en un incremento de costes, sobre los inicialmente previsto, más que sustancial. Las obras que contemplaban la consolidación de las laderas de ambos cerros pasaron a tasarse en la barrera de los 350.000 euros.

Tan desconcertantes como las dos aanteriores resultó la tercera, la que dio pie a la adjudicación final de los trabajos y el inicio de los mismos, a punto de concluir.

En esa ocasión, recoge el acta de la junta de gobierno de fecha 7 de noviembre de 2016, se aludía a la participación de tres empresas en la licitación y a la elección de la propuesta formulada por Geotécnica y Tecnología, a la que se habían otorgado 91 puntos de valoración, muy por encima de los 69,44 de Geogrugg y los 40,59 de Muntanya.

Pero quince días después era revisada la reclamación presentada por la firma Geogrugg contra la adjudicación del contrato, entendiendo, constata el libro de actas, que la primera carecía de dos documentos que se exigían en el pliego de prescripciones técnicas. Más concretamente, el «certificado marcado CE de las mallas 3S Tutor Plus» y el «certificado ISO 9001:2008».

La junta de gobierno analizó el contenido del acta redactada ese mismo 25 de noviembre por la mesa de contratación, y con ella los informes emitidos por la secretaria general del Consistorio y el técnico asesor, Alberto Sanz Álvarez, y revocó la decisión inicial para acabar encargando la ejecución de las dos intervenciones a Geogrugg.

Éstas acabarán antes de que se resuelva el contencioso.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Noticias relacionadas

Lo más

COMENTARIOS

©ELCORREO

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración..

x